No son empleos, sino bodrios laborales

 Publicado hoy en El Periódico de Aragón

Presenta el Gobierno los Presupuestos para 2014 como los presupuestos del “primer año de la crisis con creación neta de empleo”. Pero no es “empleo” los bodrios laborales creados día a día en las aguas de la precariedad y la explotación. Se lían los políticos del gobierno y de la oposición, así como los comentaristas y tertulianos de todos los puntos ideológicos cardinales, intercambiándose variaciones anuales y tasas de empleo, pero la cuestión es previa: llamar “empleo” al desvarío laboral urdido sobre todo desde la Reforma Laboral del PP es un sinsentido.

Hace aproximadamente un mes, el Gobierno de Mariano Rajoy, por boca de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció que iba a simplificar las 41 modalidades de contrato laboral existentes en nuestro país, reduciéndolas a cinco. En realidad, las 41 de ahora y las 5 anunciadas pueden reducirse, a su vez, a un único común denominador: el contrato laboral está dejado casi en exclusiva en manos del contratante, sin que la persona contratada tenga nada que decir o negociar.

En un contrato debe haber dos partes que libre y responsablemente estipulan los términos del mismo. En cualquier mercado hay un comprador y un vendedor que acuerdan o no la compraventa de un producto o una mercancía. En el mercado laboral, sin embargo, la libertad brilla hoy más que nunca por su ausencia: quien únicamente estipula los términos del contrato, quien puede romperlo mediante mil mecanismos puestos a su servicio, quien puede saltarse a la torera un contrato laboral es la parte contratante, el empresario, y muy raramente el trabajador.

En este marco, suena a cachondeo el artículo 35.1 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Un derecho fundamental de la ciudadanía está siendo conculcado e ignorado impunemente por la clase política y empresarial (los sindicatos se merecen otro análisis serio a este respecto) y seis millones de ciudadanas y ciudadanos carecen de medios para ganarse honrada y dignamente su vida y la de los suyos. 

Por lo mismo, llamar “austeridad” a la política de recortes y demolición sistemática de los derechos y servicios sociales de la ciudadanía sobrepasa los límites del eufemismo y entra de lleno en el terreno de la mentira capciosa. Pocos pondrán en duda la necesidad de ajustar los ingresos y los gastos  de las administraciones públicas del Estado, así como también depurar responsabilidades en numerosos casos de despilfarro y otras figuras delictivas por parte de los culpables. Sin embargo, es criminal e ilegítimo hacer recaer solo sobre las espaldas del pueblo el pago de la deuda pública del Estado más sus intereses, que en realidad pertenece en su mayor parte a la deuda privada de las grandes empresas e instituciones financieras. Poner la economía de un país al servicio de los intereses de los acreedores privados de unos entidades privadas (bancos y entidades especulativas nacionales y extranjeras) no es conseguir alcanzar el “objetivo de déficit”, sino un fraude y una estafa al pueblo. Cercenar los derechos de sus ciudadanos y desmantelar el sistema de servicios sociales básicos de un país, abandonándolo en manos del negocio privado y de la ideología neoliberal, convertida cada vez más en praxis salvaje, es una traición a las obligaciones fundamentales de todo político y todo gobernante. Llamar insistentemente a todo eso “austeridad” atenta contra la razón, remueve las tripas y empuja hacia la insurrección.

No hay dinero –dicen-, pero la banca española recibe para su rescate 60.000 millones de euros de dinero público. No hay crédito –dicen-, pero la banca española ha obtenido, como mínimo, medio billón de euros del BCE al 1% para volver a especular. Sube la energía –dicen-, pero las grandes empresas energéticas españolas, como Iberdrola, Endesa o Gas Natural,  casi duplican sus ganancias respecto de las empresas energéticas de la UE (no en vano chupan de sus ubres ex Presidentes y ex Ministros de Gobiernos anteriores). Crean un nuevo “superregulador independiente” (Comisión Nacional de los mercados y la Competencia, CNMV) y una sobrina del Ministro Luis de Guindos pasa a ocupa el puesto de directora general de Competencia, ocupando la vacante dejada la hija de Miguel Arias-Cañete, ministro de Agricultura.

“Empleo” –dicen-, y a la mentira del gobernante le sigue el silencio sepulcral del gobernado: tiene miedo y aún vive lo suficientemente bien como para pensar que volverán las golondrinas anunciando primaveras y veranos, cuando ya solo queda el desierto, producto de la política de tierra quemada gubernamental. (En su despacho, un dirigente sindical escucha la Internacional por Spotify).