Pinchazos en los buses urbanos

Publicado hoy en El Periódico de Aragón

Seguramente, lo que ocurra en el conflicto laboral de los trabajadores y trabajadoras de los autobuses urbanos de Zaragoza y cómo se solvente va a quedar troquelado en el inconsciente colectivo de la ciudadanía: o representan, como hicieron unas semanas antes las trabajadoras del sector de la limpieza sanitaria de Aragón, un ejemplo de lucha firme, solidaria  y digna frente a los devastadores planes de la patronal o cundirán aún más el miedo y el pesimismo entre la ciudadanía.

Es de esperar que no cedan a una sola de las pretensiones de la patronal y que nadie ose presentarles como un triunfo que, por ejemplo, en vez de echar a la calle a 153 trabajadores, “solo” vayan 61. Así como sigue siendo criminal e inadmisible fusilar a 14 personas en lugar de a 50, pues la vida de una sola persona no tiene precio ni es negociable, de igual modo el derecho al trabajo constituye uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, incluido en la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en la Constitución Española. Ni un solo despido, pues, ni uno solo. Si sobra personal, que recorten su  propia plantilla los directivos y quienes en el Ayuntamiento negocian y supervisan la subcontrata de este servicio público. Y que recorten sus sueldos y beneficios.

El transporte público de una ciudad es un servicio público de y para toda la ciudadanía, y no debe ser un negocio para nadie. Por eso es incomprensible e inaceptable que el Ayuntamiento tuviera previo conocimiento de que la subcontrata del transporte urbano se hubiese vendido a otro grupo empresarial, que, a su vez, ya lo tenía revendido a una empresa mexicana a la que seguramente le suena a música celestial eso de que un negocio es un servicio público y que sabe de la Zaragoza española (en México existe también una Atizapán de Zaragoza) lo mismo que un zaragozano de aquí sabe de la Zaragoza mexicana. La reventa debía ser jugosa y los beneficios debían estar asegurados a base de recortar, como siempre, salarios y personal laboral. Puede que todo esto (más el criminal ERE ejecutado por TUZSA) sea legal, pero a veces la legalidad está muy alejada, cuando no da completamente la espalda a las condiciones exigidas por una vida digna y acorde con los derechos fundamentales de los seres humanos. Si la legalidad permite perpetrar despidos a discreción y establecer unilateralmente condiciones laborales inaceptables (a pesar de los 12,2 millones de beneficios en 2012), quienes confeccionaron una legislación a beneficio de unos pocos han de cambiarla en beneficio del pueblo. Entretanto, el ¿Justicia? de Aragón, como siempre, en las Batuecas.

Y esto no es lo peor. El comité de empresa y los partidos políticos de una presunta izquierda que gobiernan y apoyan el Ayuntamiento de Zaragoza (PSOE, IU y CHA) eran conocedores una semana antes de los negocios que habían estado urdiendo todos estos mercachifles, pero ocultaron esa información a los trabajadores de los autobuses urbanos de Zaragoza, los realmente más interesados y concernidos en el asunto.

Sin embargo, los trabajadores no deben llevarse ni dejarse llevar a engaño. Los partidos “lamentan” la situación y los representantes sindicales “negocian” que los daños sean los menores posibles, pero en realidad son los trabajadores y solos ellos quienes pueden y deben decidir y tomar las riendas del conflicto. Si no quieren despidos, que no consientan entonces uno solo. Y si quieren que la empresa se avenga a razones, han de utilizar el único lenguaje que una empresa realmente escucha: una huelga indefinida. Si así no lo hacen, las lamentaciones ulteriores estarán de más y quedarán a merced de los vaivenes y los intereses empresariales. Más aún, mientras durara esa huelga, ningún ciudadano debería subir a un autobús o pagar su billete. De no hacerlo así, la ciudadanía debería dejar de quejarse y callar, aunque no fuera mas que por coherencia y vergüenza torera.

Ahora gobiernan directa e indirectamente el Ayuntamiento zaragozano PSOE, CHA e IU, que asumen como si se tratara de un axioma que el transporte público de la ciudad debe estar subcontratado y en manos de una empresa privada, en lugar de estar gestionado directamente por el Ayuntamiento mediante un organismo público municipal. Tampoco asumen estos partidos de izquierda el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras de los autobuses urbanos de Zaragoza están dispuestos a encargarse cooperativamente de este servicio público dentro de una entidad que no esté impulsada por el ánimo de lucro y la competencia. Existen positivos precedentes, por ejemplo, de empresas regidas por los principios del proyecto Economía del Bien Común (confianza, justicia social, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad), en un servicio sostenible, que mira el bien y el interés general de la comunidad.

En cualquier caso, los trabajadores y las trabajadores de los autobuses urbanos de Zaragoza no deben reblar. Somos muchos y muchas los que estamos con ellos.